Injusta la consigna de prohibir que las utilidades de los contratistas y asignatarios de Petróleos Mexicanos se repartan entre sus trabajadores alerta Diputada Magdalena Núñez

*Inconcebible admitir dictamen contrario a la Constitución y tratados internacionales.

La Diputada Magdalena Núñez Monreal propuso ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante la celebración del periodo de sesiones extraordinarias para abordar la legislación secundaria en materia energética, una moción suspensiva para detener el trámite correspondiente al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de energía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley de Coordinación Fiscal; y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, porque a consideración de la Diputada, en concordancia con los dictámenes que han sido avalados por quienes han instaurado una dictadura partidista, éstos afectan al pueblo de México.

“Fiel a mis principios y convicciones, he denunciado desde la tribuna mi oposición a que los mexicanos seamos despojados del petróleo, de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos; me he pronunciado en contra del uso de la técnica del fracking para extraer el gas shale porque está demostrado que contribuye a la contaminación del ambiente y atenta contra la salud de los mexicanos; me expresé también en contra de la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas privadas ”,dijo la Diputada.

Así mismo, la también Secretaria de la Mesa Directiva señaló que si bien las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal afirman buscar fortalecer la progresividad de los términos económicos a favor del Estado mexicano para contar con mayores ingresos, por otra parte se consigna en el Título Sexto relativo a Disposiciones Finales la prohibición a que las utilidades de los contratistas y asignatarios se repartan entre sus trabajadores lo cual significa una violación flagrante al artículo 123 Constitucional que en su fracción IX garantiza a los trabajadores el derecho a una participación de las utilidades de las empresas.

En su intervención, la Diputada Núñez, alertó que no basta con el hecho de que el artículo 62 en su segunda parte contemple la posibilidad de que conforme a la legislación laboral, puedan otorgarse a los trabajadores incentivos, compensaciones, bonos, gratificaciones o comisiones por el desempeño de sus labores para considerar que ello redituará un beneficio adicional al salario de los trabajadores que empleen los asignatarios o contratistas, pues esas canonjías en la realidad son para unos cuantos y están sujetas a criterios de discrecionalidad.

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 23.3 dispone que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración que se proporcione como mínimo a todos los trabajadores y un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie.Y en el mismo sentido podríamos señalar otros tratados suscritos por México y que a partir de la reforma al artículo primero constitucional son de observancia obligatoria en el territorio nacional.

Por lo expuesto es inconcebible admitir a discusión un dictamen a todas luces contrario a la Constitución General de la República y a los Tratados Internacionales” explicó la Legisladora de Zacatecas.

Finalmente,la Diputada Núñez enfatizó: “el Partido del Trabajo no puede admitir un atropello a los trabajadores, ya que es injusto, discriminatorio y contrario a los derechos humanos y solamente beneficia a los dueños del capital.Los trabajadores tienen derecho a recibir los beneficios de su trabajo para gozar de una vida digna para ellos y sus familias y el dictamen enunciado les coarta esa posibilidad”.