Fuera de foco

silvia NuñezVeracruz y México: Un/nido de Nauyacas

Cuatro entregas. Una bomba en contra del gobierno estatal, quien desde 2012 viene incurriendo “legalmente” en la ilegalidad. El modus operandi de la delincuencia con sello oficial ha rebasado toda capacidad de entendimiento, convirtiéndose en una burla para la inteligencia de los ciudadanos.

Ya no se detienen y roban con el tal cinismo, que nada les importa. Javier Duarte de Ochoa se centró en robarse lo que su “jefe de plaza”, Fidel Herrera Beltrán le dejó [porque él se robó la mayor parte] saquear, lo que su padre putativo ya no pudo sustraer en el estado. Seis años para defraudar, de la manera que lo hizo, no era suficiente para un solo individuo que traía bajo el brazo el hambre en la que vivió su niñez. Herrera Beltrán es hoy un literal muerto de hambre, seguro en su infancia jamás había visto juntos ni mil pesos y cuando tuvo la oportunidad de hacer un negocio redondo con el estado, no se limitó a sólo los diezmos por obras a las empresas inmobiliarias, sino tuvo una visión más perversa: delinquir junto con los grupos criminales, concediéndoles el total permiso para poder “operar” a sus anchas, obvio, obteniendo jugosas regalías por permitirlo. Seguramente “La Nauyaca” cobraba un porcentaje altísimo por impedir que la ley se le fuera en contra del crimen organizado.

La venta de estupefacientes, el derecho de piso, los secuestros, el robo de autos, los cuales terminaban siendo escondidos en el corralón del depredador número uno del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), José Ricardo Ruiz Carmona alías “Pepín”, era la estrategia para delinquir en el estado ilegalmente por parte del ex gobernante. Todas las mañas se las adquirió Javier Duarte y hasta lo rebasó. Se sabe que ahora la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es la que se dedica a realizar “levantones” e ingresar en los domicilios de los ciudadanos y actuar como todo unos delincuentes. No dudamos que la estrategia de desviar recursos por medio de licitaciones a empresas falsas, es un consejo de su padre “putativo” y en donde el propio Enrique Peña Nieto se ha beneficiado con su diezmo en los estados.

No dudo en lo absoluto que esta mecánica haya sido sacada del cerebro de Javier Duarte. Esto me parece se debe de estar llevando a cabo con todos los gobernadores priístas para saquear al país.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) amparada por la ley de adquisiciones fue su principal fuente de ingresos ilícitos. No podemos creer que un día, Javier Duarte se levantó de su inmerecido “palacio” como una ocurrencia millonaria. No tiene la capacidad para pensar más allá de sus narices. Sabemos de su corta capacidad, por lo tanto, si podemos creer que esto viene directamente de las “transas” de Herrera Beltrán o del propio Carlos Salinas de Gortari en el caso de ser una mecánica nacional.

Es evidente que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una instancia que sirve para perseguir a los contribuyentes sin poder. ¿Cómo puede justificar que el gobierno de Veracruz haya registrado 21 empresas falsas y ésta instancia no haya comprobado el domicilio fiscal? Es lo que hace cuando uno da de alta una empresa, es lo que hace cuando un ciudadano común instala una nueva fuente de empleo. El SAT verifica quisquillosamente toda la documentación y constata el domicilio fiscal. ¿Cómo puede ser que Javier Duarte haya dado de alta 21 empresas y casi de manera inmediata haberle concedido licitaciones millonarias? ¿Piensa Enrique Peña Nieto que los ciudadanos somos idiotas?

Esta noticia debe de ser un procedimiento que no tan sólo en Veracruz se está dando. Esto debe de venir por orden nacional. El PRI tiene que ver la forma de como “joder” todo el dinero existente en cada una de los municipios, en los estados. En síntesis el gobierno de Javier Duarte se encuentra en nuevamente en el ojo del huracán desde el momento que ordenó a sus borregos que apegados a “legalidad”, engañaran a personas de los extractos sociales más pobres para que firmaran documentos [que a cambio le iban a dar apoyos] desviar recursos provenientes de dependencias como la Secretaría de Educación Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Protección Civil y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Los periodistas Arturo Ángel y Víctor Hugo Arteaga, colaboradores de Animal Político fueron quienes firmaron dichas entregas que abrió la cloaca de la delincuencia oficial. Este último, reculó después de una llamada que le hiciese el contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán. ¿La finalidad de la llamada? Seguro lo amenazó o le pagó millonaria embute para que desistiera. El objetivo del funcionario duartista es que el comunicador se fuera en contra de su propio medio argumentando que nadie le pidió permiso para la publicación. La insistencia del contralor lo evidenciaba. Pedía que Ciro Gómez Leyva entrevistara al reportero, Víctor Hugo Arteaga con la finalidad de distraer el tema central: el fraude que cometió el gobierno de Javier Duarte creando 21 empresas fantasmas y concediéndoles 73 licitaciones que de manera conjunta hicieron 645 millones de pesos y que jamás llegó a las personas de bajos recursos. Otro delito es el engaño que le hizo los supuestos “socios” quienes la única coincidencia que tienen unos de otros es que están inmersos en la más dolorosa pobreza.

La investigación de Animal Político ha representado para el gobierno de Javier Duarte un golpe certero en las partes más nobles para dicha administración. Esos golpes que duelen y paralizan al grado de revolcar del dolor a quien lo recibe. No tiene desperdicio alguno esta aportación periodística, si el reportero que brindó información niega que su nombre aparezca en la investigación, es realmente irrelevante. A detalle, en la última entrega se expone la forma en que engañaron a personas de bajos recursos para que les firmaran el acta constitutiva de la empresa, utilizando a Notarios Públicos a quienes les regaló el propio gobierno dicho negocio. Les dijeron que les darían dos mil pesos y materiales para fortalecer sus viviendas. Nada. Se quedaron con los papeles para poder fraguar uno de los fraudes más escandalosos. El delito es redondo, porque existe la falsificación de firmas que posteriormente se debió haber realizado para el cobro de multimillonarios recursos expedidos a esas 21 empresas.

Enrique Peña Nieto no procederá, porque sabe que hay manera para comprobar que la orden de defraudar al estado de veracruzano, viene por orden nacional. Tal vez ese dinero es el que se utilizó para la construcción de la Casa Blanca del mandatario.